El G-10 advierte de la necesidad de vigilar los mercados inmobiliarios

El G-10, grupo de bancos centrales de las principales potencias económicas mundiales, llamó ayer la atención sobre los mercados inmobiliarios. Este grupo que preside Jean Claude Trichet, en su reunión celebrada en la ciudad suiza de Basilea, ha advertido sobre la necesidad de vigilar de cerca la evolución de los precios de los inmuebles. Aunque también añadió que de momento no hay razones para la alarma, informa Efe. El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, destacó que los mercados financieros han entendido el mensaje y han absorbido muy bien las últimas informaciones y acciones que han llevado a cabo los principales bancos centrales del mundo. Trichet afirmó que la actual política monetaria de las principales entidades monetarias centrales han tenido una clara influencia en los mercados inmobiliarios. El presidente del BCE dijo que en la reacción de los mercados está «incluida la actuación del Banco de Japón», que decidió el pasado 9 de marzo reducir la cantidad de dinero que presta a las entidades de crédito. El BCE subió a comienzos de marzo el precio del dinero en la zona euro por segunda vez en los últimos tres meses en un 0,25%, hasta el 2,50%, con el objetivo de controlar la inflación. El instituto monetario dejó entrever además futuros incrementos en los próximos meses. A su vez, los precios de la vivienda se han disparado en los últimos años en la zona euro, como es el caso de España, donde han alcanzado aumentos del 12% durante 2005. Código Técnico. El Ministerio de Vivienda creará el Consejo de Sostenibilidad, Innovación y Calidad que incluirá una comisión dedicada al seguimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE). El Consejo estará formado por las Administraciones Públicas y los agentes económicos y sociales, según anunció ayer el secretario general de Vivienda, Javier Ramos.

Cada español paga alrededor de 500 euros al año en cláusulas ...

Cada español paga una media de 497 euros al año en cláusulas abusivas, según la Unión de Consumidores y Usuarios (UCE), que ha reclamado la aceleración de la tramitación de la Ley de Protección de los Consumidores que prohíbe los redondeos, con motivo de la celebración mañana miércoles del Día del Consumidor. En el desglose de esta suma, la UCE afirma que cada español paga una media de 120 euros en concepto de cláusulas abusivas en el sector bancario; 150 en la compra de una vivienda; 32 euros en telefonía móvil; 20 euros en aparcamientos; 25 en compañías aéreas; 90 en entidades bancarias y 60 en aseguradoras. Según el presidente de UCE, José María Roncero, se trata de pagos por servicios que no se reciben, contemplados en cláusulas que han sido denunciadas pero que se encuentran recurridas por las empresas. Por ello, la UCE instó al Gobierno a acelerar la entrada en vigor de la Ley de Protección de los Usuarios, cuyo proyecto fue aprobado en Consejo de Ministros en septiembre pasado y actualmente se encuentra en trámite de audiencias. Telefonía, el sector más conflictivo Roncero señaló que una de cada cuatro de las 198.805 consultas y reclamaciones que atendió la UCE en 2005 corresponden al sector de la telefonía que, por segundo año consecutivo, ha desbancado a la vivienda como el área con más quejas. Los motivos más frecuentes de las denuncias fueron la negativa a ejecutar la garantía, el incumplimiento de las condiciones contratadas, la deficiente prestación del servicio y las dificultades para darse de baja de una operadora. La vivienda fue el segundo sector en número de reclamaciones recibidas por CEACCU con 2.240, un 9% del total. Las principales causas de las reclamaciones fueron las demoras en la entrega de un piso, la falta de conformidad con las calidades o el incremento del precio final.

El Govern sólo expropiará pisos desocupados en mal estado

Rebajas en el anteproyecto de la ley de Derecho a la Vivienda. El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha acotado los supuestos para expropiar las viviendas que están desocupadas. Una iniciativa que hace meses suscitó las críticas en el tripartito y fue criticada por el PSC y asociaciones de propietarios que vieron en la propuesta un exceso de intervencionismo. Las novedades introducidas en el borrador prevén expropiar totalmente los pisos que estén en condiciones de especial degradación y en una situación que pueda poner en peligro la seguridad de las personas. También se podrá retirar la propiedad, aunque de forma temporal y por un periodo mínimo de cinco años, las viviendas sobreocupadas o las que estén vacías desde hace tiempo y se hayan agotado todas las vías para introducirlas en el mercado de alquiler. El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, explicó ayer ante el Consell de Treball Econòmic i Social los nuevos supuestos para la expropiación incluidos en el anteproyecto que se debe aprobar en el último Consell Executiu de este mes. Así la expropiación total sólo afectará a las viviendas vacías en malas condiciones o que se encuentren dentro de un área especialmente degradada. "Se trata de situaciones muy excepcionales y sólo se aplicará en casos in extremis", apuntó ayer la directora general de Habitatge, Carme Trilla. La posibilidad de retirar la propiedad total sólo se aplicará una vez se hayan agotado las vías de fomento y de tipo coercitivo para garantizar la conservación y la rehabilitación del piso. En el caso de la expropiación temporal, la administración deberá demostrar que en el piso no vive nadie mediante los datos del padrón, los recibos de consumo o mediante notificaciones. Después, la Generalitat podrá utilizar medidas de carácter fiscal con el objetivo de incentivar la ocupación del piso y penalizar la desocupación injustificada. También se planteará al propietario la posibilidad de incorporar su vivienda al mercado de alquiler a través de la Red de Mediación Local. Si ninguna de estas medidas funciona, se procederá a la expropiación temporal durante cinco años, según explicó ayer la directora general de Habitatge. Una vez acabe este periodo, que es la duración habitual de un contrato de alquiler, Trilla confía en que el propietario continúe arrendando su vivienda, ya que sacará beneficios de ella y "la experiencia puede contribuir a poner fin a la desconfianza en el mercado de alquiler". En caso de no ser así, se le devolverá la propiedad. Con todo, se establecerán mecanismos de vigilancia para controlar que la vivienda no vuelve a estar desocupada.

Los consumidores navarros creen que su principal problema es el acceso ...

El acceso a la vivienda es el principal problema de los consumidores navarros, seguido del incremento de precios y la conservación del medio ambiente. La vivienda también figura como el sector que genera mayor decepción y motiva más quejas, seguido de la telefonía, las entidades financieras, la sanidad y los seguros. Esta radiografía la ofrece la encuesta realizada por CIES a 400 personas por encargo de la Asociación de Consumidores de Navarra Irache con motivo de la celebración, mañana, del Día del Consumidor. Según manifestó en rueda de prensa el director de Irache, Manuel Arizcun, los datos eran esperados pero demuestran una creciente concienciación por parte de los consumidores a la hora de hacer valer sus derechos. El 17% de los entrevistados - lo correspondiente a 89.000 navarros- hizo alguna reclamación en 2005, porcentaje que crece en caso de residentes en Pamplona y personas con estudios universitarios. Dicho esto y ante la consideración de que «no se quiere que crezcan tanto», también animó a la Administración a que apoye a las asociaciones de consumidores como medio para formar a la población y mejorar la calidad de la atención. La encuesta pregunta sobre los principales problemas, quejas, niveles de confianza de los distintos tipos de establecimientos, productos de confianza o apertura en domingos y festivos. Un 75% de los navarros consideran muy importante el problema del acceso a la vivienda- se dispara al 83% entre los jóvenes de 18 a 29 años-; un 65% presta atención a la subida de los precios; un 29% se preocupa por la conservación del medio ambiente - el porcentaje sube entre los jóvenes-; y un 22%, por la seguridad alimentaria y la calidad del sistema sanitario. En este último aspecto, los más satisfechos con el sistema sanitario son los mayores de 65 años, justamente quienes más lo usan, según destacó Arizcun, quien, por otro lado, indicó que los datos demuestran que es necesario insistir ante la Administración que solucione el problema de la vivienda. Apreció que en los últimos años la preocupación sobre la vivienda no ha cambiado. Por otro lado, la vivienda (38%) y la telefonía (25%) son los sectores que mayores quejas provocan entre los consumidores, y en menor medida, las entidades financieras, la sanidad y los seguros. Un 17% de los entrevistados presentó una queja en 2005, el 47% motivadas por la telefonía. Sólo un 5% del total acabó recurriendo a los tribunales. Arizcun animó a los consumidores a que realicen reclamaciones de vivienda. Valoración de los establecimientos Los consumidores depositan más confianza en tiendas tradicionales que en los supermercados a la hora de valorar la calidad y la atención al cliente. No obstante, en precios los hipermercados son los más valorados, aunque los mayores de 65 años no coinciden con esta apreciación, pues depositan la misma confianza en cuanto a precio en tiendas tradicionales e hipermercados. Las farmacias y el comercio tradicional obtienen una puntuación del 7,6 respeto a 10 en confianza a la hora de realizar una compra o contratar un servicio. Hostelería y restauración y medicina privada obtienen un 6,4, las grandes superficies un 6,1 y los bancas y cajas un 5,4. Suspenden las aseguradoras y las empresas de telefonía, con un 4,7.0. Por otro lado, la marca navarra goza de mayor confianza entre los consumidores navarros, con un 8,4; la española alcanza un 7,6; las marcas blancas un 6,7; las marcas caras un 5,7; y, por último, las marcas extranjeras, un 5,3. Según comentó Manuel Arizcun, los resultados eran esperados, si bien les ha resultado sorprendente la «buenísima» valoración obtenida por las farmacias, lo que en su opinión demuestra que la nueva legislación ha favorecido al consumidor, o el «prestigio y la confianza» de la marca Navarra. También demandó a los consumidores que, a la hora de comprar determinados productos, se fijen en la disponibilidad de un servicio técnico cercano, ya que este aspecto sólo es valorado por un 4% de los consumidores. Apertura en domingos La población está muy divida en cuanto a la apertura en festivos y domingos. Un 46% está en contra y un 52%, a favor, aunque en este aspecto existen diferencias: un 25% demanda libertad total; un 11%, que se abran los legales, 8 al año; y un 16%, lo pactado por el sector, 3 al año. Más hombres que mujeres están a favor de una mayor apertura, 54% respecto al 50%. Finalmente, los hombres y los de 30 a 65 años le conceden más importancia a las prestaciones del vehículo, mientras que las mujeres le dan mayor importancia al consumo, la marca, estética o la garantía.

Los precios en Navarra no sufrieron variaciones en febrero

El Indice de Precios de Consumo (IPC) se mantuvo estable en febrero en Navarra, puesto que no se registró variación mensual. En lo que va de año, los precios han bajado un 0,8%, aunque en los últimos doce meses la inflación ha sido del 4%, igual que la media estatal, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En Navarra, el sector más inflacionista en febrero fue medicina, con una subida del 1,1%, seguido por transporte (0,6%), vivienda (0,5%) o cafés, hoteles y restaurantes (0,3%). Los precios bajaron en bebidas alcohólicas y tabaco (-2,6%), alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,6%), comunicaciones (-0,3%) y calzado y vestido (-0,2%). En los últimos doce meses, el sector más inflacionista ha sido vivienda, con una variación del 8,4%; seguido de transporte, con una variación del 6,3%, debido a la tendencia alcista en los precios de los carburantes y lubricantes; o alimentos y bebidas no alcohólicas, con una variación anual del 5% y en donde destaca la subida de los precios de los aceites. También subieron hoteles, cafés y restaurantes (4,1%); enseñanza, un (3,1%), medicina (2,7%), otros bienes y servicios (2,5%); vestido y calzado (1,9%), menaje (1,5%), y ocio y cultura (1,2%). Con tasa de variación interanual negativa en Navarra están el grupo de Comunicaciones, con descenso del 1,7%, y bebidas alcohólicas y tabaco que, con tasa interanual de -0,5%. En España, la variación interanual del IPC se sitúa, asimismo, en el 4% y la mensual es también del 0%. Los grupos que registran las mayores subidas interanuales son vivienda (7,8%), transporte (7,2%), hoteles, cafés y restaurantes (4,5%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (4,3%). Con variación interanual negativa están comunicaciones (-1,6%) y bebidas alcohólicas y tabaco (-0,5%).

El Gobierno saca adelante el Código Técnico

El Ministerio de Vivienda creará el Consejo de Sostenibilidad, Innovación y Calidad que incluirá una comisión dedicada al seguimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE) y que estará integrada por las Administraciones Públicas y los agentes económicos y sociales. Así lo adelantó recientemente el secretario general de Vivienda, Javier Ramos en el acto de inauguración de la nueva sede de la Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos (PREMAAT), donde sostuvo que el nuevo código supone 'la mayor reforma desde la Constitución'. El proyecto, que finalmente podría aprobarse este viernes en el Consejo de Ministros, también prevé la creación de un registro general técnico que recogerá ideas y propuestas de empresas y arquitectos que pueden aportar soluciones técnicas a los profesionales del sector. Estas iniciativas serán evaluadas previamente por el Ministerio de Vivienda y la comisión del Código Técnico de la Edificación para asegurar que cumplen con las normas que establece el nuevo código, y posteriormente serán publicadas como documentos reconocidos. El CTE definirá, en una norma unificada, las condiciones generales de calidad que los agentes de la edificación deben cumplir en el proyecto, la ejecución de las obras y el mantenimiento de los edificios. El nuevo código sustituirá a la actual normativa que en algunas ocasiones data de hace más de 30 años y armonizará la legislación española con la de la Unión Europea. Establecerá las exigencias básicas a las que deben adecuarse los productos materiales que se incorporen a las obras y dedicará un capítulo a fomentar la eficiencia energética de los edificios y el ahorro de energía. El código entrará en vigor un día después de su publicación en el BOE, pero dada su complejidad técnica y su trascendencia económica, junto a su extensión no será obligatorio hasta después de un año, aunque las normas relativas al ahorro energético y la seguridad deben aplicarse en un plazo de seis meses, explicaron a EFE fuentes del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. El proyecto estrella de la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, permitirá así evitar o al menos reducir los efectos de la falta de calidad en la edificación. Según los datos facilitados por la Federación Nacional de Asociaciones de Laboratorios Acreditados para la Construcción (FENALAC), la falta de calidad en la construcción tiene un coste de 12.000 millones de euros cada año, lo que equivale al coste de construcción de entre 60.000 y 80.000 viviendas. En concreto, y según los datos que maneja la Asociación de Organismos de Control Técnico Independientes (AOCTI), los fallos más comunes que se producen en la edificación son achacables entre el 40 y 50 por ciento de los casos al proyecto de obra, entre el 25 y el 35 por ciento a la ejecución, entre el 10 y el 15 por ciento a los materiales y entre el 5 y el 10 por ciento al uso y mantenimiento de las casas. El cumplimiento del CTE traerá consigo un encarecimiento del precio de la construcción, aunque todavía no hay estudios que cuantifican este coste adicional ni su influencia en el precio de los pisos, aunque el sector calcula que no será superior al uno por ciento. Según dijo a EFE el secretario ejecutivo de FENALAC, Manuel Chaure Vallejo, hay que tener en cuenta que el CTE es un sistema de prevención y por tanto reduce el coste final por no tener que reparar los fallos cometidos. En la misma línea se pronuncia Enrique González Valle, miembro de la AOCTI, quien opina que 'hay que calcular el coste de la construcción teniendo en cuenta toda la vida útil de un edificio'.